En un edificio o condominio, los datos de los residentes —nombre, unidad, correo, deuda, imágenes de las cámaras— son datos personales. La ley de referencia es la Ley 21.719, que reformó a fondo la antigua ley de datos y crea la Agencia de Protección de Datos Personales; sus nuevas reglas rigen desde el 1 de diciembre de 2026. Puedes usar esos datos para administrar la comunidad, pero con una finalidad clara, solo lo necesario y bien resguardados. Y la morosidad se puede informar, pero solo en la forma que fijen las normas de la comunidad, no exhibiéndola como castigo.
La Ley 21.719 se publicó en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024 y reescribe la antigua ley sobre protección de la vida privada (Ley 19.628), que pasa a llamarse ley sobre protección de los datos personales. Sus cambios entran en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Hasta esa fecha sigue rigiendo el régimen anterior, que ya obligaba a cuidar estos datos.
Ojo con un detalle: en 2026 el Gobierno ingresó al Senado un proyecto (boletín 18.623-07) para postergar la entrada en vigencia al 1 de diciembre de 2027. Mientras ese proyecto no se apruebe y publique, la fecha que vale es el 1 de diciembre de 2026, así que lo sensato es prepararse desde ya.
Lo más relevante para una comunidad:
Es cualquier información que permita identificar a una persona, directa o indirectamente: su nombre, su RUT, el número de su departamento, su teléfono o correo, si está o no al día con los gastos comunes, e incluso su imagen captada por una cámara. Todo eso lo trata la comunidad a diario: en el registro de copropietarios, en el control de acceso, en la cobranza y en los avisos.
En la práctica, quien decide para qué y cómo se usan esos datos es la comunidad, a través de su asamblea y su comité de administración. El administrador los maneja día a día y, cuando es externo, lo hace por cuenta de la comunidad. Ojo: la ley no se aplica a lo que hace una persona en su vida estrictamente personal, pero sí a todo lo que se hace en nombre de la administración.
La Ley 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria obliga al administrador a mantener actualizado el registro de copropietarios y a velar por la protección y resguardo de los datos personales. Como es una obligación legal, no necesitas pedir el consentimiento de cada residente para llevarlo. Lo que sí necesitas es usarlo solo para sus fines.
El reglamento de la ley (DS N°7 del MINVU) agrega una regla clave: si un copropietario u ocupante ajeno a la administración pide información del registro, solo se le puede entregar información estadística que no se pueda asociar a cada unidad, salvo que el afectado lo autorice expresamente. Las excepciones son la actualización del plan de evacuación, el ingreso forzoso a una unidad y los siniestros o emergencias.
Sí, pero no de cualquier forma. El reglamento de la Ley 21.442 permite que el administrador dé publicidad a las situaciones de morosidad de copropietarios y ocupantes, en conformidad a la forma que dispongan las normas de uso y administración del condominio. O sea, primero la comunidad define cómo se informa, y después se informa así.
Al hacerlo, igual aplican los principios de la Ley 21.719, en especial finalidad y proporcionalidad. Además, la ley incluye entre los datos sensibles los que revelan la situación socioeconómica de una persona, y no aclara si una deuda de gastos comunes entra ahí. Por eso, lo prudente es:
Ni la Ley 21.719 ni la Ley 21.442 tienen un capítulo especial sobre cámaras, así que se aplican las reglas generales. Grabar los espacios comunes con fines de seguridad puede apoyarse en el interés legítimo de la comunidad, siempre que no se afecten los derechos y libertades de las personas. En concreto:
¿Quién puede ver las grabaciones? Solo las personas autorizadas por la administración, y para el fin de seguridad, con deber de confidencialidad. Si hay un delito, las imágenes se entregan a Carabineros, PDI o Fiscalía cuando las requieran. Un residente puede pedir acceso a las imágenes donde aparece él, pero entregarle a un vecino grabaciones de otras personas por curiosidad o para un conflicto personal no corresponde.
Si usas control de acceso con huella o reconocimiento facial, ojo: son datos biométricos. La ley exige el consentimiento expreso de cada persona y que se le informe qué sistema se usa, para qué, por cuánto tiempo y cómo ejercer sus derechos.
Un grupo entre vecinos para conversar es una cosa; un canal que usa la administración para avisos oficiales es otra, y ahí sí aplica la ley. Algunas recomendaciones:
Cualquier residente puede pedirle a la comunidad acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o bloqueo de sus datos. La solicitud se hace por escrito, por correo o formulario, y hay que acusar recibo y responder dentro de 30 días corridos, prorrogables una sola vez por otros 30. Si la respuesta es negativa, debe ser fundada; si no hay respuesta, el residente puede reclamar ante la Agencia.
Por eso conviene que la comunidad tenga un correo o canal definido para estas solicitudes y una política de datos simple, a disposición de todos, que diga qué datos se tratan, para qué y cómo ejercer estos derechos.
La Ley 21.719 clasifica las infracciones en leves, graves y gravísimas. Las leves se sancionan con amonestación escrita o multa de hasta 5.000 UTM; las graves, con multa de hasta 10.000 UTM, y las gravísimas, con multa de hasta 20.000 UTM. Son topes, no montos fijos: la Agencia gradúa la multa según el caso.
Por ejemplo, no informar cómo se tratan los datos o responder fuera de plazo es una infracción leve; tratar datos sin base legal, usarlos para un fin distinto o comunicarlos sin consentimiento cuando se requiere, es grave. Y esto es sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales.
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No es lo recomendable. El reglamento de la Ley 21.442 permite informar la morosidad, pero en la forma que fijen las normas de uso y administración, y la Ley 21.719 exige proporcionalidad. Un grupo de WhatsApp suele incluir a personas ajenas a la comunidad y lo enviado ya no se controla. Mejor el aviso de cobro individual y el medio que haya definido la comunidad.
No necesariamente. Las cámaras con fines de seguridad pueden apoyarse en el interés legítimo de la comunidad, siempre que se usen solo para ese fin, no graben interiores ni espacios privados, se informe su existencia y las imágenes se guarden lo justo. Lo que sí requiere consentimiento expreso es el control de acceso biométrico, como huella o reconocimiento facial.
Solo si es necesario para un servicio de la comunidad. En ese caso el proveedor trata los datos por encargo y debe haber un contrato que fije el objeto, la duración, la finalidad y el tipo de datos. El proveedor no puede usarlos para otra cosa ni cederlos, y al terminar el servicio debe borrarlos o devolverlos.
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